Después de una evaluación realizada este año por la Contraloría General de la República de Colombia, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, centra su atención sobre las funciones y responsabilidades de quienes se encargan de ejecutar los recursos del fondo y en la escasa importancia que el país le está otorgando a un sector tan importante para el desarrollo del mismo.

La evaluación desnuda una realidad que es conformada por diversos sectores como educación, salud, ciencia, tecnología e innovación. La realidad es el poco cuidado que la sociedad y el gobierno tienen en el momento de elaborar y ejecutar políticas y programas públicos, mínimamente concertar con sus actores y con aquellos que conocen los temas, además uno de los puntos más relevantes, promover un manejo eficiente de sus recursos. Se ha reconocido, según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3582, que la política nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) ha sido identificada como fuente de desarrollo y de crecimiento económico, sin embargo el gasto público y privado del CTI es escaso, se tiene un manejo errático y con resultados negativos.

Los datos obtenidos por la Contraloría General de la República al Fondo de Ciencia.

La inversión nacional en esta materia para el 2015 alcanzó 0,627 del PIB y el gasto en investigación y desarrollo el 0,23% del PIB, del cual un 45,4% fue financiado con recursos privados, mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 3% (entre el 65% y el 75% invertido por recursos privados)

Diversas reformas normativas y de política que modificaron la Ley de CTI, transformaron COLCIENCIAS, la creación de del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tienen el mismo objetivo, apoyar e impulsar al país en materia de investigación y desarrollo, aumentar notablemente el número de investigadores resulta fundamental puesto que Colombia refleja un rezago significativo en comparación de los otros países latinoamericanos.

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Entre otros objetivos que tiene el país es incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad. De esta manera contribuir mediante estas normativas y fondos el desarrollo social, dinamismo económico y un crecimiento sostenible.

El problema radica en la mala distribución que se ha tenido con la reglamentación de estos recursos, de acuerdo con la Ley 1530, los recursos se entregaron a los gobernadores de los diferentes departamentos del país y al Alcalde de Bogotá.

Siguiendo los parámetros estipulados que la distribución se haría de acuerdo a los indicadores de población, pobreza y desempleo. Sin importar las advertencias y notificaciones, por parte de los expertos, sobre los altos riesgos de despilfarro y la posibilidad de escasa gestión con estos recursos, se decidió expedir dicha ley.

Uno de los mayores inconvenientes que se le veía era la subordinación de universidades y centros investigativos frente entidades territoriales y gobernaciones que en su mayoría la capacidad, que tienen para ejecutar estos proyectos, es baja.

Esto explica las conclusiones de la evaluación de la Contraloría, sumándole los escasos avances en CTI (problema derivado de lo explicado anteriormente) puesto que a diciembre de 2015, $1.1 billones seguían sin aprobar, por parte del estado, debido a la división territorial en 33 entidades, lo cual hacía que fuese una ejecución lenta, aparte, de los proyectos aprobados , en dicho año solo habían terminado 11, generando un duro cuestionamiento a la idoneidad de los contratistas y de los ejecutores.

La conclusión a que se llega es que la política pública debería reconocer que institucionalmente son las universidades y sus grupos de investigación , quienes investigan y producen ciencia, así se promoverá el desarrollo de la ciencia y tecnología de una manera más eficaz, al entregarle los recursos del CTI a los rectores, decanos y directores de centros de investigación.